La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 65 votos a favor y 61 en contra el informe de la comisión investigadora por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el cual establece responsabilidades directas a Carabineros y políticas al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla.
«La Comisión Especial Investigadora concluye que Carabineros de Chile tiene responsabilidad institucional en los hechos que culminaron con el homicidio de Camilo Catrillanca, además de la aplicación de apremios ilegítimos, torturas físicas y psicológicas en contra del menor de edad M.A.P.C.», indica el documento.
El texto además considera especialmente grave que funcionarios de Carabineros, institución sobre la que recae el legítimo monopolio de la fuerza del Estado, «se hayan organizado para mentir y difundir información falsa con el objeto de ocultar un delito y obstruir una investigación llevada a adelante por el Ministerio Público».
Además, el documento explicita que, a juicio de la comisión, «las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política».
«Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente, por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche con la instalación del denominado comando jungla militarizando la zona y cuyos objetivo concretos son líderes indígenas de la Araucanía y Biobío», recalca el informe aprobado.
Asimismo, se puntualiza que el Gobierno tomó la decisión política de enfrentar el conflicto en La Araucanía como si fuera una guerra.
«Mantener y fortalecer al comando táctico o comando jungla, dotarlo de mayor poder de fuego y respaldo institucional, fue una decisión del Ejecutivo que contribuyó a crear las condiciones que llevaron a la muerte de Camilo Catrillanca», expresa el texto.
El texto especifica que no fue una decisión de los Carabineros que fueron dados de baja y se encuentran en proceso judicial, sino que fue una decisión tomada en el Palacio de La Moneda.
«Corresponde, entonces, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Ubilla la decisión política de las materias que tengan que ver con el orden público y la seguridad interior y, por lo tanto, asumir sus consecuencias», plantea el informe.
Además, se sostiene que «el problema de fondo no es exclusivamente atribuible a un solo gobierno, sino más bien que obedece a una política de Estado que, durante décadas, las distintas administraciones, incluidos los exministros y exsubsecretarios, no han sabido dar una solución pacífica y definitiva».
