En Petorca el MOP debió comprar derechos de agua a privados, y aún faltan 23 litros por segundo para el consumo humano. Si no consiguen la cuota, recurrirán a una prerrogativa del código de aguas para expropiar. Hecho podría repetirse en otras localidades del país.
¿Tiene Chile los suficientes recursos y políticas para hacer frente a la megasequía que afecta a toda la zona central? Parece ser la pregunta del millón a estas alturas, pero lo cierto es que el nivel de urgencia incluso llevó al Gobierno a evaluar medidas con una gran carga simbólica e histórica para asegurar el consumo humano de agua potable: las expropiaciones. En este caso, de derechos de agua.
Así es. En Petorca, quizá la localidad símbolo de la escasez hídrica, los planes del Ministerio de Obras Públicas incluso contemplan la posibilidad de echar mano a incisos del Código de Aguas que permitirán al Estado expropiar cuotas de caudal de agua de ríos y pozos a privados, para asegurar el abastecimiento del vital elemento.
Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas, indica a Publimetro que no tienen antecedentes anteriores de que haya ocurrido algo similar desde la década de los ochenta, por lo que sería «primera vez en el país».
Fue en marzo cuando el MOP marcó un hito, al desembolsar $66 millones en la primera compra de derechos de agua a privados en la historia. Y no fue al azar: «En Petorca definimos que faltaban 35 litros de agua por segundo para mejorar los sistemas de agua potable. Ya compramos los primeros 17 litros/s, y ahora nos falta hacer la segunda oferta pública de compra», afirma el subsecretario.
Se estima que en Chile un tercio de los derechos de agua pertenecen al Estado -Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)-, mientras que el resto, hecho inédito del mundo, está en manos de privados. «En situaciones de mucha sequía, ese porcentaje no alcanza para abastecer los sistemas de agua potable rural. Ocurrió en Chile que en un momento se sobreotorgaron derechos», afirma.
Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas. / Gentileza MOPPróximamente, el ministerio deberá publicar el segundo poder de compra para los 23 litros por segundo restantes que requiere otro sector de Petorca. Y si bien deben esperar cuántos privados están dispuestos a desprenderse de sus derechos de agua, Palacios no duda en decir que «si no encontramos el mercado suficiente, entonces tendremos que pasar a la etapa siguiente».
La situación, dice la segunda cabeza del MOP, es algo que no se descarta se repita en otras localidades, como Cauquenes, Totoralillo, el Maipo, Canela y el Maule. «Esta es una situación nunca antes vista que nos plantea la naturaleza, por eso estamos actuando con una fuerza inusitada, de forma diferente a como se ha hecho históricamente.
Urgencia
Pese a la carga simbólica del término «expropiación», Palacios dice que no dudarán en defender las prerrogativas que el Código de Aguas faculta. Eso sí, aclara, buscarán una modificación de la norma, dado que «no está acorde a las necesidades actuales»y con toda seguridad no dará sustento a la megasequía que, según expertos, está asegurada por lo menos para diez años más.
Entre los múltiples decretos de escasez hídrica y emergencia agrícola, el MOP tiene tres planes de acción. Entre las medidas a largo plazo asoman el rehuso de aguas servidas, el plan priorizado de 26 embalses, además de la licitación pública de la DGA que busca establecer los parámetros para administrar las 101 cuencas del país, con una meta a 5 años.
A mediano plazo, dice la autoridad, se lleva adelante un plan de $350 mil millones para disminuir la brecha de 382.212 familias que sólo acceden a agua potable gracias a norias o camiones aljibes. A eso se suma que a corto plazo el MOP evalúa los 1.900 sistemas de agua potable en su tutela, y buscan sumar a los 800 sistemas ligados a municipalidades. A la fecha detectaron 125 sistemas de agua potable con problemas, y en cuyas inversiones se vería reflejado el anuncio de US$5.000 millones que anunció Piñera.
A eso se suma la incorporación de nuevas tecnologías para la detección de masas de agua subterráneas, además de que Palacios mira con buenos ojos el uso de grandes plantas desalinizadoras en las costas del litoral centro y norte de Chile, y que se sumen a las 25 ya existentes.
¿Problema constitucional?
La privatización del agua es un tema que alerta a varios entendidos. Cristián Frene, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), es uno de los que cree que el futuro desértico será escenario propicio para una batalla constitucional entre Estado y privados por el vital elemento.
De forma inmediata, dice el experto en recursos hídricos, «el Estado debe retomar el control de la gestión del agua. En estas circunstancias es inaceptable que privados hagan y deshagan. En Chile se roba agua y no está siendo bien fiscalizado», sostiene.
Sobre la misma, dice, la delegación de aguas a privados que se dio en los 80′, hoy sería un arma de doble filo. «Será un problema importante si se intenta un cambio profundo en los derechos de agua. Las industrias pedirán que las medidas sean declaradas inconstitucionales», señala. A corto plazo, el experto pide mejorar el monitoreo para esclarecer de aguas subterráneas y superficiales del país, además de acelerar la llegada de medidas alternativas, como las plantas desalinizadoras y el rehuso de aguas grises y negras.
