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Matrimonio de La Ligua estafó a Carabineros con 65 toners falsificados

Una matrimonio liguano, que le vendió 65 toners falsificados al Hospital de Carabineros en Santiago, podría ir a la cárcel por los delitos de «estafa y uso malicioso de marca igual o semejante a otra ya inscrita».

El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2017, cuando el matrimonio a través del sitio de Mercado Público, ofrecieron a la institución, 65 toners de la marca Hewlett Packard, por la suma de $3.028.481. De acuerdo a los antecedentes aportados por el Ministerio Público, la compra la realizó un coronel y un teniente.

«La proveedora actuó concertada con su cónyuge para engañarlos (…) bajo el convencimiento de que eran productos de origen legítimo. Sin embargo, una vez recibidos tales insumos se percataron que habían sido engañados por los imputados, en razón de que los tóner mantenían estampada ilícitamente la marca y logo de Hewlett Packard toda vez que no habían sido fabricados bajo autorización de dicha marca, ni los imputados contaban con autorización para comercializarlos ni usar la respectiva marca», detalló Alejandra Godoy, fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Santiago.

Informes los acusan

Por lo anterior, el Hospital de Carabineros no pudo destinar los productos para los fines que los había adquirido, «resultando perjudicado el erario público en 3.028.481 pesos, dinero que fue apropiado por los imputados».

La falsificación quedó al descubierto por un contador auditor que dio aviso a las autoridades, y, posteriormente, fue corroborada con una impresión de la página de Hewlett Packard en que se expresó que el número de serie del producto no era válido, un informe de inspección técnica emitido por Hewlett Packard y otro informe policial del OS9 de Carabineros.

Con estos antecedentes, el matrimonio que registra domicilio en La Ligua, será formalizado en calidad de autor y por ambos delitos en grado de ejecución consumado. La Fiscalía solicita que a cada uno se les imponga la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM ($993.460), además de la pena accesoria señalada en el artículo 30 del Código Penal (suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena).

La audiencia del procedimiento simplificado quedó fijada para el 7 de febrero de 2020, a las 11.00, en la sala 401 del 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

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