Más de 300 personas se congregaron en la Plaza de Armas de Cabildo para manifestar su preocupación por la que podría ser la paralización definitiva de la faena de la Minera Cerro Negro de Cabildo, lo que traería cesantía y un problema social para más de 500 familias de dicha comuna.
Por lo anterior, sindicatos y comunidad realizaron una caravana desde las instalaciones de la minera en dirección al centro de la comuna, con la finalidad de recolectar firmas y visibilizar la problemática que los aqueja.
Así lo explicó Pedro Jamett, presidente del Sindicato 2 Cerro Negro. “La idea de esta convocatoria es que estamos citando a todas las personas que tienen relación con Minera Cerro Negro, para generar conciencia en nuestra comunidad y el Consejo de Ministros especialmente, para que nos aprueben la normativa medio ambiental para ir en apoyo de esta minera”.
Hasta el lugar llegaron el alcalde de Cabildo, Victor Donoso; el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos; representantes del sindicato 1 y 2 de Minera Cerro Negro, representantes de empresas contratistas y colaboradores, líderes de las Asociaciones Mineras de San Felipe, Cabildo, Petorca, Chincolco, Putaendo, Catemu, Til Til, Melipilla y Rancagua. Además, se adhirieron a la manifestación trabajadores y trabajadoras, más representantes de instituciones la sociedad civil cabildana.
“Estamos junto a los dirigentes sindicales defendiendo la fuerza laboral de la comuna. Cabildo lleva 16 años sufriendo escases hídrica, y hemos perdido muchos empleos del mundo agrícola. No es posible que más encima perdamos fuerza laboral de la minera Cerro Negro, que de manera directa entrega más de 500 empleos, sin considerar a los indirectos, los pequeños mineros y quienes prestan servicios. Esto representa alrededor del 20% de la fuerza laboral de la comuna. Estamos alerta a lo que diga el Consejo de Ministros el mes de enero, porque para nosotros tendría un impacto social muy fuerte”, dijo el alcalde Víctor Donoso.
En esa misma línea se refirió su par de Petorca, Ignacio Villalobos. “Hoy estamos haciendo historia. No es posible que andemos mendigando trabajo para nuestros vecinos; la provincia debe tener garantizado el trabajo en agricultura y minería. No le quitemos la identidad minera a nuestros territorios”, expresó el alcalde.
La cohesión social fue lo que más destacaron los representantes y responsable de esta convocatoria, como lo hizo la presidenta de la Asociación Gremial Minera de San Felipe, Patricia Beiza, quien dijo que “esta convocatoria en la sumatoria me parece perfecta y maravillosa, pero son cosas que no se pueden seguir repitiendo, estar mendigando que nos dejen trabajar. Las entidades fiscalizadoras y el Comité de Ministros deben decir qué es lo que deben mejorar las empresas y darles tiempo para hacer estas mejoras”.
“Esta convocatoria de por sí fue muy buena, y tenemos bastante apoyo para lo que queremos visibilizar”, dijo Luis Fredes Hidalgo, presidente del sindicato Empresa Valladares Valdivia.
Paulina Pedraza, trabajadora de Minera Cerro Negro asistió a la marcha porque “si se llegase a cerrar la minera quedaríamos sin sustento, aparte de ser dueña de casa y mamá soltera, con esto se nos cerrarían las puertas totalmente”, dijo.
El conflicto que tiene la minera son cargos que apuntan la no regularización de la faena a través del tiempo. Sin embargo, la empresa señala que “se trabaja desde hace un tiempo en la presentación del Proyecto “Plan de Desarrollo de Largo Plazo – CMCN S.A.”, lo que corresponde al mayor esfuerzo realizado por la Compañía para reducir los impactos ambientales del Proyecto”.
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Según detalló Marcelo Bruit, presidente ejecutivo de la compañía, en el año 2018 ingresaron un estudio de impacto ambiental que, a mayo de 2022, llevaba una tramitación de cuatro años. “En el año 2022, se rechazó a nivel regional el proyecto del plan de desarrollo a largo plazo de la compañía y eso gatilló que nosotros presentáramos un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, que es la instancia legal que corresponde, y es lo que nosotros estamos visualizando que debería verse en el mes de enero de 2024”, explicó.
Cabe destacar que dicho estudio fue aceptado por 15 de los 18 organismos vinculados al tema, sin embargo, “tres se declararon no conformes, hablamos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Dirección General de Aguas (DGA) y Conaf.
Para nosotros sus observaciones son abordables, tenemos diferencias que las hemos expresado en la reclamación. No obstante, estamos trabajando para poder presentar elementos adicionales al Comité de Ministros, que acerque la posición con dichos organismos”, señaló Bruit.
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