Por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de instrumento privado fue formalizada Valeria Carvallo , consejera regional en representación de la Provincia de San Felipe de Aconcagua, quien asumió este cargo tras el fallecimiento del DC Rolando Stevenson.
Carvallo, que es independiente, fue contratada en 2021 por la administración del alcalde suplente de San Felipe Christian Beals, circunstancias en las que presentó, según la Fiscalía, un título falso de trabajadora social.
El Ministerio Público sostiene que los presuntos delitos fueron cometidos entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Sin embargo, lo que dice relación con el municipio sanfelipeño ocurrió entre el 26 de enero de 2021 y el 8 de mayo del mismo año, periodo en el que Carvallo estuvo contratada bajo la modalidad de honorarios prestando servicios en la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla).
En la formalización, el fiscal Alejandro Bustos entregó detalles de cómo la imputada falsificó su título profesional. El tribunal decretó las medidas cautelares de firma mensual ante Carabineros y prohibición de salir del país.
El abogado Nelson Salas, defensor de Carvallo, alegó que existe sólo el delito de falsificación de instrumento privado, que su representada reconoce, por lo cual no descarta aceptar un eventual procedimiento abreviado de la causa. Ello significaría el reconocimiento de los hechos por parte de la imputada y una rebaja en la pena aplicada.
«El delito de ejercicio ilegal de la profesión está establecido para ciertas profesiones, respecto de las cuales el Estado establece un funcionamiento determinado, como los médicos, que están facultados para operar, emitir recetas, firmar licencias, etcétera; o los abogados, que están facultados para representar personas ante instituciones jurisdiccionales, no así un trabajador social», afirmó Salas.
«A personas que trabajan en estos cargos se les pide un certificado de idoneidad, de experiencia, pero en este caso se le exigió a Valeria un título y ella cometió el error de presentar un título falso».
En forma paralela a la línea penal, la actual administración municipal, liderada por la alcaldesa Carmen Castillo, presentó una demanda civil con el fin de que Carvallo restituya el dinero que recibió mientras trabajó en el municipio; esto es una suma aproximada de ocho millones de pesos.
Un informe de Contraloría ordenó a la casa consistorial ejecutar dicha acción legal. En el mismo documento, el órgano fiscalizador mencionó decenas de contrataciones directas -algunas ilegales-, antecedentes que tomó un grupo de concejales para recurrir al Tribunal Electoral Regional pidiendo inhabilitar al ex jefe comunal Christian Beals por notable abandono de deberes, proceso que se encuentra en curso.
